Redacción. Son en total tres contratos que el Ministerio de Minas y Energía asignó a Electricaribe, y en los cuales la Contraloría General de la República advirtió un posible detrimento patrimonial que bordearía los 65.732 millones de pesos.
De acuerdo con el organismo de control, los trabajos asignados en los contratos estaban encaminados a la normalización de redes eléctricas en distintos departamentos de la región Caribe y en teoría beneficiarían a más de 63.000 usuarios.
El contralor General, Edgardo Maya Villazón, señaló que Electricaribe fue ineficiente en la administración de los recursos, especialmente en lo relacionado con la supervisión de los proyectos.
Maya Villazón, advirtió además que todo lo anterior sucedió sin que el Ministerio de Minas y Energía, tomara acciones tendientes a que los recursos se invirtieran en el objeto para lo cual fueron asignados.
Entre los contratos cuestionados que habrían destinado recursos del Programa de Normalización de Energía, (PRONE), está el PRONE GSC-157-2012, por valor de $86.072 millones, mediante el cual la empresa electrificadora se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 34.940 usuarios en Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.
Según el informe de la Contraloría, el Ministerio desembolsó el 90% de los recursos comprometidos, que ascienden a $77.465 millones, a través del encargo fiduciario, de los cuales la Fiduciaria realizó giros por $72.267 millones autorizados por la interventoría de los contratos.
“Se evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación 75 de los 134 proyectos aprobados, no obstante que el plazo establecido contractualmente para ello se encuentra vencido”, señala la Contraloría.
El valor resultante de $46.442 millones se convierte en presunto detrimento, derivado de la no aplicación de los recursos a los fines previstos en el programa de normalización.
Así mismo se revisó el Contrato PRONE GSA-106-2011, por valor de $46.076 millones, debía ser ejecutado a diciembre de 2015. El Ministerio desembolsó el 100% de los dineros, pero a la fecha de la auditoría, Electricaribe solo ha puesto en funcionamiento 18 de los 27 proyectos aprobados.
Del anterior contrato faltan $12.699 millones de pesos que se convierten en presunto detrimento, pues no se invirtieron en el objeto contractual.
Finalmente, en el Contrato PRONE GSC-226-2012, por valor de $21.489 millones, Electricaribe debía realizar 38 proyectos para normalizar a más de 7.000 usuarios. Recibió el 90% de los dineros, pero según la Contraloría solo 23 de los 38 proyectos han sido puestos en operación.
Faltan $6.591 millones que no fueron ejecutados, lo cual constituye para la Contraloría un detrimento patrimonial.